El 23 de octubre último el Comité Central del PCCH aprobó la propuesta para la elaboración del XV Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social que será sometido a deliberación y aprobación por los órganos legislativo y consultivo de ese país el próximo mes de marzo.
El éxito alcanzado en los últimos años, inédito en la historia de la Humanidad, al lograr erradicar la pobreza extrema que afectaba a 800 millones de personas, el objetivo marcado para el año 2035 de conseguir un PIB per cápita equilibrado con el de los países medianamente desarrollados y su empeño en contribuir a la construcción de “un futuro compartido para la Humanidad” invitan a observar con atención el principal instrumento de acción del Estado chino.
Abordar los aspectos del Plan relacionados con la política fiscal presenta un especial interés porque esa política constituye una palanca útil para procurar solventar algunas de las disfunciones de la economía china, para mejorar las prestaciones públicas y la distribución de la renta, para agilizar la transición ecológica integral del desarrollo socioeconómico y para facilitar la lucha contra la corrupción.
Y también, porque procurar la cooperación fiscal internacional para lograr la articulación más eficaz de esa política puede contribuir a lograr un multilateralismo auténtico basado en la justicia, en el desarrollo económico y en la solidaridad con los menos favorecidos.
La elevada tasa de ahorro de las familias chinas y la consiguiente debilidad de la demanda interna es abordada en el apartado V de la propuesta, en el que se proponen iniciativas para la construcción del mercado nacional y la nueva configuración del desarrollo, indicando que se procurará:
“…ampliar la demanda interna como pivote estratégico y combinar estrechamente el favorecimiento de la vida del pueblo con la promoción del consumo…”
Insistiendo en esa misma idea, el número 15, dentro de ese apartado V de la propuesta, afirma que:
“….Haremos un planeamiento integral de la promoción del empleo, el aumento de los ingresos y la estabilización de las expectativas y elevaremos racionalmente el peso específico que representan los gastos de los servicios públicos en los gastos fiscales de modo que se incremente la capacidad de la población para el consumo….”
Y también que:
“…. incrementaremos los fondos gubernamentales destinados a garantizar las condiciones de vida del pueblo….”
El apartado XI de la propuesta describe las líneas de actuación tendentes a garantizar y mejorar las condiciones de vida de la gente e impulsar su prosperidad común, desde la promoción del pleno empleo y de alta calidad – número 37 -, hasta la mejora de la educación, – número 39 – de la seguridad social – número 40 – de la política de vivienda, con una mención especial a la optimización de la oferta de las viviendas de protección social, – número 41 – de las políticas de la salud – número 42 – y de la atención a la natalidad, las mujeres, los niños y los mayores – número 43 – .
La mejora del sistema de la distribución de los ingresos se contempla como uno de los principales objetivos de la propuesta y se aborda, también, en su apartado XI, en cuyo número 38 se prevé “una redistribución que involucre, entre otras líneas de actuación, tributación, seguridad social y pagos de trasferencia”, procurando “aumentar eficazmente los ingresos de los grupos poblacionales de renta baja” y “regulando racionalmente los ingresos excesivamente altos”.
La “agilización de la transición ecológica integral” prevista en el apartado XII de la propuesta constituyen también un reto de la política fiscal que ha de articular el plan quinquenal.
Para mejorar la distribución de la renta y las condiciones de vida de la gente mediante políticas públicas que incrementen las prestaciones sociales y estimulen la demanda interna y para facilitar la transición ecológica integral, la propuesta del Plan en su número 20 titulado “Aumento de la eficacia de la gobernanza macroeconómica” dentro del apartado VI dedicado a la “Configuración acelerada de un régimen de economía de mercado socialista…” aborda los siguientes objetivos a alcanzar elevando los ingresos fiscales y, al mismo tiempo, manteniendo un “nivel racional de la macrocarga tributaria”:
- Incrementar la sostenibilidad fiscal.
- Fortalecer la administración científica del Fisco.
- Potenciar las facultades operativas de la Hacienda Central.
- Potenciar la supervisión financiera y contable
- Perfeccionar el sistema de impuestos territoriales y el de los directos.
- Mejorar las políticas de tributación por las rentas provenientes de la gestión, de los capitales y de la propiedad.
- Reglamentar las políticas preferenciales tributarias.
Por su parte, el número 57, titulado “Impulso para el fomento de la democracia y el imperio de la ley”, en el marco de la unión a la que invita el apartado XV de la propuesta para luchar por cumplir el XV plan quinquenal, prevé, entre otras tareas:
- Intensificar la supervisión fiscal.
A falta de conocer los programas específicos del XV Plan Quinquenal, previstos en el número 61 del apartado XV, que concreten los objetivos generales sobre política fiscal que se contienen en la propuesta del Plan aprobada por el CC, es razonable considerar que podrían tener en cuenta las siguientes cuestiones.
PRIMERA. La aprobación de un Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas con la cobertura de los números 20 y 56 de la propuesta.
El Impuesto, con tipos de gravamen bajos y mínimos exentos elevados, constituiría un instrumento útil para controlar las rentas que se declaran en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
De igual forma resultaría un instrumento útil para investigar las conductas relacionadas con la corrupción de quienes resultaran ser dueños de bienes no declarados en el Impuesto sobre el Patrimonio o cuya adquisición no se correspondiera con las rentas declaradas en el IRPF.
SEGUNDA . La aprobación de un Impuesto sobre las Herencias con la cobertura del número 38 puede contribuir a una redistribución racional de la riqueza.
Además del efecto redistributivo, se ha atribuido tradicionalmente a este impuesto un efecto desincentivador del ahorro e incitador del consumo, lo que en la coyuntura que se describe en la Propuesta puede resultar positivo.
La experiencia muestra que los marcos institucionales sólidos, como los observados en los países nórdicos de Europa, pueden combinar crecimiento económico con justicia intergeneracional.
En este contexto, una política fiscal bien estructurada no solo recauda, sino que corrige desigualdades y favorece un desarrollo más equilibrado entre generaciones.”
TERCERA. La colaboración permanente de la Agencia Tributaria con el Órgano encargado del control disciplinario, con la cobertura de los números 56 y 57, puede contribuir a hacer más eficaz la misión de ambas Instituciones.
La información sobre patrimonios inconsistentes con las declaraciones tributarias presentadas puede orientar las investigaciones del órgano de control disciplinario.
Y los hallazgos del órgano de control disciplinario de los mecanismos utilizados para esconder patrimonios originados por conductas corruptas pueden servir a la Agencia Tributaria para identificar a quienes han utilizado esos mecanismos para ocultar bienes que se han financiado con rentas no declaradas fiscalmente que no necesariamente tienen su origen en conductas corruptas.
CUARTA. Promover la cooperación fiscal internacional para articular eficazmente la política fiscal constituiría una línea de acción necesaria y se hallaría enmarcada en la Iniciativa para la Gobernanza Global.
El número 21 dentro del apartado VII de la propuesta titulado “Ampliación de la apertura al exterior de alto nivel y creación de nuevas perspectivas de cooperación y coganancia” dice literalmente:
“Trabajaremos en impulso de la reforma de la gobernanza económica y financiera global en pro de la configuración y defensa de un orden económico internacional marcado por la equidad y justicia, la apertura e inclusividad, y la cooperación y ganancia compartida”.
Este objetivo general podría concretarse respecto a la política fiscal aumentando de forma decidida los esfuerzos que se han venido desplegando hasta el momento en torno al G-20, a la Convención Fiscal de la ONU y a la OCDE para impulsar iniciativas útiles para reducir la evasión fiscal internacional:
- Lograr que las multinacionales tributen adecuadamente en los Estados donde obtienen sus beneficios evitando que los manipulen y los trasladen artificialmente a paraísos fiscales o territorios de baja tributación.
- Procurar superar las lagunas observadas en el intercambio automático de información financiera en vigor desde 2017 y aplicado por más de 100 países en 2023.
- Proponer medidas tendentes a lograr la adecuada identificación de los titulares reales de activos, desde los inversores en la industria del private equity, a los verdaderos accionistas de las grandes compañías, a los dueños de activos inmobiliarios de alto stánding o de obras de arte.
- Consensuar una tributación mínima razonable de los ultrarricos consistente con la carga fiscal soportada por las rentas medias y bajas.
El que las opiniones públicas perciban una acción decidida y eficaz de China en pro de la justicia fiscal, en claro contraste, además, con el abandono o incluso la animosidad de la otra gran potencia hacia estas iniciativas, con toda probabilidad va a favorecer la imagen y la influencia de China.
Esa tendencia, propiciada ya por la diplomacia suave de Pekín, y presente desde hace tiempo en el llamado Sur global, ha sido detectada en la última encuesta del Centro Europeo de Relaciones Exteriores quien ha constatado que los ciudadanos europeos miran cada vez con mejores ojos a China y la mitad de ellos considera ya a este país como un aliado o un buen socio.
