El acuerdo comercial impuesto por Donald Trump a la Comisión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen, al margen de la teatralización de la subordinación europea a la soberbia trumpista, representa mucho más que una simple negociación arancelaria: es un viraje geopolítico que ata a Europa -y por tanto también a España- a una agenda dictada por los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos. Si bien el impacto inmediato sobre las exportaciones españolas a EE. UU. será limitado en términos cuantitativos, el coste político y económico a medio plazo es mucho más profundo.
Las pérdidas comerciales previstas para España -estimadas en torno a 2.370 millones de euros- son solo la superficie del problema. El verdadero desequilibrio reside en la cesión de soberanía que implica que la Unión Europea acepte compromisos millonarios para comprar energía y equipamiento militar estadounidense sin un debate parlamentario real ni una evaluación ambiental, social o económica adecuada. España, que ha construido durante años una capacidad energética regasificadora y aspira a liderar la transición ecológica, se verá empujada a importar gas fósil caro desde Estados Unidos, en lugar de acelerar su inversión en renovables y autonomía energética.
Este compromiso de comprar hasta 750.000 millones de dólares en energía estadounidense en tres años implica, para España, un gasto proporcional de 56.000 millones de euros. En 2024, las importaciones totales de energía de EE. UU. hacia la UE (crudo, gas natural licuado y carbón metalúrgico) sumaron aproximadamente 64,5 mil millones de dólares, lo cual representa apenas un 26 % del objetivo anual comprometido ahora. Esto significa que para cumplir el pacto, el bloque en su conjunto tendrá que cuadruplicar sus compras actuales, algo que parece imposible por la capacidad de absorción en Europa. Y todo esto ocurre mientras se sigue recortando inversión pública en vivienda asequible, educación o investigación. Es escandaloso que se acepte este giro energético dependiente justo en un momento en que Europa necesita avanzar hacia modelos sostenibles, distribuidos y socialmente justos. En lugar de apoyar comunidades energéticas, almacenamiento verde o renovables públicas, se subvencionará la exportación de GNL estadounidense, con un coste ambiental y climático importante.
El caso del gasto militar es particularmente grave. Aprovechando la cobertura de un pacto comercial, la Unión Europea ha aceptado, de facto, una subordinación estratégica que implica comprar armamento, drones, sistemas de defensa aérea y tecnología militar de fabricación estadounidense, sin garantías, sin contrapartidas industriales y, lo más alarmante, sin ningún tipo de mandato democrático. Aunque los detalles por país se mantienen deliberadamente opacos, todo indica que España deberá asumir una porción significativa de esa carga, con cifras que ya apuntan a varios miles de millones de euros en adquisiciones impuestas por esta alianza transatlántica.
Es escandaloso que, en un momento de crisis social y emergencia climática, se desvíen recursos públicos hacia el rearmamento dictado desde Washington, sin someterse a un verdadero control parlamentario. Esta militarización encubierta no responde a las necesidades reales de defensa, sino a los intereses de la industria armamentística estadounidense y a la lógica de confrontación geopolítica que Trump y sus aliados europeos están imponiendo por la puerta trasera.
Este pacto no solo es irresponsable: es una renuncia flagrante a la soberanía nacional y una amenaza directa al principio de que el gasto público debe responder a prioridades civiles, sociales y ecológicas. El acuerdo consolida un modelo de Europa sometida ante los intereses militares de EE. UU., donde los gobiernos actúan como gestores de compras impuestas en lugar de representar a sus pueblos. España no puede -ni debe- callar ni ceder más terreno. Esta tendencia a rearmarse no solo desvia fondos de necesidades sociales urgentes, sino que además encaja perfectamente con la lógica trumpista de militarizar la política exterior y convertir la dependencia comercial en una herramienta de dominación geoestratégica.
Desde una perspectiva democrática, este acuerdo debería haber sido ampliamente debatido en el Parlamento Europeo y en los parlamentos nacionales. No se puede aceptar que se firmen compromisos económicos de largo alcance sin transparencia ni participación democrática, especialmente cuando estos afectan al modelo de desarrollo económico, a la justicia social y a la transición energética de todo un continente.
Por otro lado, España se encuentra ahora atrapada en una posición incómoda: por un lado, desea mantener relaciones fluidas con China, país con el que ha firmado acuerdos de cooperación tecnológica y agroalimentaria; por otro, se ve arrastrada a un bloque comercial que refuerza la confrontación con Pekín. Esta falta de autonomía estratégica refleja la debilidad estructural de una Europa dividida, más preocupada por evitar represalias de Washington que por construir una política exterior propia. España busca mantener una relación constructiva con China, socio clave en sectores como las renovables, la movilidad eléctrica y el agroalimentario. Sin embargo, el acuerdo entre la UE y Trump -y la presión creciente desde Washington- presionan sobre esta estrategia y empujan a Europa hacia una lógica de bloques. Bruselas endurece su postura frente a Pekín, mientras España intenta mantener el equilibrio. España debe defender una política exterior autónoma, basada en la cooperación y el diálogo, no en la confrontación geopolítica impuesta.
La respuesta del gobierno español -aunque rápida- ha sido tímida. El fondo de 14.100 millones de euros anunciado para compensar a los sectores afectados por los aranceles estadounidenses puede aliviar temporalmente a ciertas empresas, pero no corrige el problema de fondo: la externalización de las decisiones económicas clave a terceros países. Ni el Congreso ni la ciudadanía han participado en la definición de este rumbo económico, y mucho menos en la validación de compromisos multimillonarios en compras militares o energéticas.
En definitiva, el pacto entre Trump y la UE no es un tratado de libre comercio, sino un acuerdo de sometimiento energético y geoestratégico. España debería rechazar este modelo que profundiza la dependencia exterior, perpetúa el extractivismo fósil y refuerza el gasto militar a costa de las prioridades sociales. Lo que se necesita no son más acuerdos con lógicas de poder colonial, sino una estrategia soberana, democrática y ecológica que ponga a las personas, el planeta y la justicia por delante del comercio de intereses geopolíticos.
(Artículo publicado originalmente en China información y economía)