El debate internacional sobre el Estrecho de Taiwán suele estar condicionado desde Occidente por lecturas simplificadas que presentan el conflicto ignorando sus profundas raíces históricas, jurídicas y estratégicas. Resulta oportuno examinar con mayor rigor los fundamentos de la posición de Pekín sobre Taiwán, las ambigüedades de la política occidental y los riesgos reales de una escalada regional.
Hagamos un poco de historia. La separación entre la China continental y Taiwán no surgió como consecuencia de un proceso clásico de autodeterminación nacional, sino como resultado de la guerra civil china y del contexto estratégico de la Guerra Fría. Tras la victoria comunista en 1949, el gobierno nacionalista del Kuomintang -encabezado por Chiang Kai-shek- se replegó a Taiwán. Durante décadas, tanto Pekín como Taipéi afirmaron representar a la totalidad de China. Ninguna de las dos partes concebía entonces la existencia de “dos Estados chinos” independientes.
En 1950, con el estallido de la Guerra de Corea, Washington desplegó la Séptima Flota en el Estrecho de Taiwán, impidiendo de facto la resolución del conflicto civil chino. Esta interposición militar externa —no una decisión soberana de los habitantes de la isla— es lo que ha perpetuado la situación actual durante más de siete décadas. Desde la perspectiva de Pekín, ese momento marcó el inicio de una división prolongada artificialmente por factores externos.
Comprender este origen histórico resulta esencial puesto que, para China, Taiwán no es percibido como una colonia ni como un objetivo de expansión geopolítica, sino como un territorio soberano vinculado a la culminación de su unidad nacional tras el llamado “siglo de humillación”.
Principio de Una Sola China
La posición de la República Popular China no se sostiene únicamente sobre argumentos históricos, sino también sobre una arquitectura diplomática y jurídica ampliamente reconocida.
De hecho, el llamado “Principio de Una Sola China” no es una pretensión ideológica del gobierno de Pekín, sino un pilar del orden internacional contemporáneo reconocido por la inmensa mayoría de la comunidad internacional. La Resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada en 1971, reconoció a la República Popular China como el único representante legítimo de China ante las Naciones Unidas y expulsó a los representantes del régimen de Chiang Kai-shek. Desde entonces, más de 180 países han establecido relaciones diplomáticas con Pekín sobre la base de este principio.
Taiwán posee actualmente instituciones propias, sistema político autónomo, fuerzas armadas y capacidad económica diferenciada. Sin embargo, carece de reconocimiento diplomático generalizado y no ocupa un asiento estatal independiente en Naciones Unidas. Esta ambigüedad explica por qué la mayoría de gobiernos evita respaldar explícitamente la independencia formal de la isla.
Los propios Estados Unidos, en los tres comunicados conjuntos sino-estadounidenses (1972, 1979 y 1982), reconocieron que existe una sola China y que Taiwán forma parte de ella. Washington se comprometió, además, a reducir progresivamente la venta de armas a la isla, pacto que ha sido reiteradamente incumplido y que fue enfatizado por Xi Jinping a Trump en la reciente visita del mandatario estadounidense a Pekín.
Desde la perspectiva del derecho internacional público, el principio de integridad territorial de los Estados —consagrado en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas (1945)— protege a China frente a cualquier intento de desmembración de su territorio. En efecto, Taiwán no cumple los criterios de estatalidad reconocidos por la Convención de Montevideo (1933) para ser considerado un Estado soberano independiente, puesto que carece de reconocimiento internacional generalizado y su estatus jurídico sigue siendo el de una provincia china cuya situación debe resolverse por medios pacíficos entre las partes chinas.
El Kuomintang y el Consenso de 1992
Uno de los aspectos que resultan más desconcertantes para los observadores occidentales es que el Kuomintang (KMT) —el partido que gobernó China antes de 1949 y combatió al Partido Comunista— sea hoy el principal interlocutor de Pekín en Taiwán y uno de los partidos legalmente reconocidos en la República Popular China.
Esta aparente paradoja se disuelve cuando se comprende que el KMT, pese a sus diferencias históricas con el Partido Comunista, siempre compartió la premisa fundamental de la unidad nacional china durante los 51 años en que gobernó la isla ininterrumpidamente. Ambos bandos de la guerra civil aspiraban a gobernar una China unificada. Ninguno concebía la fragmentación del país como un resultado aceptable.
El KMT contemporáneo mantiene esta posición. Defiende el llamado “Consenso de 1992”. Un entendimiento tácito según el cual ambos lados del Estrecho reconocen que existe una sola China, aunque difieran en su interpretación. Este marco ha permitido décadas de intercambios pacíficos, cooperación económica y diálogo institucional.
Asimismo, que el KMT sea un partido legal en China continental no ha de verse como una anomalía tampoco, sino más bien la expresión de una política de reconciliación nacional que trasciende las heridas del pasado. Pekín ha demostrado que la reunificación no se concibe como la aniquilación del adversario histórico, sino como la reintegración de una comunidad política dividida por circunstancias externas y decisivamente por la injerencia de Washington.
Un país, dos sistemas
Contrariamente a la narrativa que domina en ciertos medios occidentales, la política de China hacia Taiwán ha estado orientada durante décadas hacia la reunificación pacífica. La fórmula “Un país, dos sistemas” fue concebida precisamente para Taiwán antes de aplicarse a los territorios descolonizados de Hong Kong y Macao, con el objetivo de preservar el modo de vida, el sistema económico y las instituciones locales de la isla tras la reunificación.
Pekín ha reiterado en múltiples ocasiones su compromiso con la resolución pacífica. El Libro Blanco sobre Taiwán de 2022 (“La cuestión de Taiwán y la reunificación de China en la nueva era”) establece que China hará todo lo posible con la mayor sinceridad para lograr la reunificación pacífica y que esta sigue siendo la primera opción del gobierno. La modernización militar china, frecuentemente presentada como evidencia de intenciones agresivas, responde en realidad a una lógica defensiva que es la de disuadir la intervención extranjera y contener las tendencias secesionistas que podrían precipitar un conflicto.
El desarrollo económico de China representa, además, la mejor garantía de estabilidad para Taiwán. Los intercambios comerciales y sociales entre ambos lados del Estrecho han alcanzado niveles sin precedentes. Millones de taiwaneses viven, trabajan e invierten en el continente. La integración económica progresiva ofrece un camino hacia la reunificación que beneficiaría a todos los habitantes de la isla, sin ruptura traumática ni imposición forzosa.
El principio de integridad territorial: su aplicación selectiva por Occidente
Por esta razón, para Pekín, la cuestión taiwanesa constituye una línea roja estratégica comparable a la sensibilidad que otras grandes potencias muestran respecto a sus propios territorios considerados indivisibles. En este sentido, China ha denunciado con frecuencia lo que considera una aplicación selectiva del principio de integridad territorial por parte de algunos actores de Occidente. Resulta llamativo que algunos gobiernos occidentales, defensores acérrimos de su propia integridad territorial, cuestionen el derecho de China a preservar la suya.
Francia, por ejemplo, reprimió con dureza los movimientos independentistas en Córcega y mantiene hasta hoy una concepción profundamente centralista de la República, basada en la indivisibilidad del Estado y en la primacía de la unidad nacional sobre cualquier reivindicación territorial particular. Italia considera igualmente inconstitucional cualquier intento de fragmentación territorial, al entender que la soberanía del Estado constituye un principio indisponible del orden constitucional republicano. El Reino Unido, pese a su tradición parlamentaria y descentralizada, continúa enfrentando la cuestión secesionista escocesa como uno de los principales desafíos para la integridad del Estado británico, especialmente tras el Brexit. Canadá, por su parte, desarrolló complejos mecanismos jurídicos y constitucionales tras los referéndums de Quebec para impedir una eventual secesión unilateral y preservar la cohesión federal. España ha afrontado durante décadas los movimientos independentistas en el País Vasco y Cataluña invocando precisamente los principios de soberanía nacional, unidad constitucional e inviolabilidad territorial recogidos en la Constitución de 1978, llegando incluso a aplicar mecanismos excepcionales del Estado de derecho para frenar intentos de ruptura unilateral.
En todos estos casos, los gobiernos occidentales han considerado la preservación de la integridad territorial como una cuestión esencial de estabilidad nacional y continuidad histórica del Estado. ¿Aceptarían París, Londres o Roma que una potencia extranjera armase a movimientos secesionistas dentro de sus propias fronteras? ¿Seguiría considerándose “autodeterminación” si buques chinos patrullaran frente a Escocia, Córcega o Quebec? ¿Cómo reaccionarían los gobiernos europeos si China recibiera oficialmente a líderes independentistas corsos, escoceses o catalanes y les suministrara armamento avanzado?
Evidentemente, ninguno de estos países aceptaría que potencias extranjeras armasen militarmente a sus regiones secesionistas, proporcionasen apoyo diplomático a gobiernos regionales que declarasen su independencia unilateral o desplegasen flotas navales frente a sus costas para impedir la resolución de conflictos internos. Sin embargo, esto es precisamente lo que ciertos actores occidentales, especialmente Estados Unidos, hacen con respecto a Taiwán. Las ventas de armas estadounidenses a la isla —que violan los compromisos adquiridos en los comunicados conjuntos— se han incrementado exponencialmente en los últimos años. Visitas de alto nivel de funcionarios occidentales a Taipéi constituyen provocaciones calculadas que inflaman las tensiones en la región.
El mensaje que lanzan algunos líderes europeos que se pliegan a las directrices de Washington es que la integridad territorial es un principio sagrado sólo cuando les beneficia, pero se convierte en autoritarismo o expansionismo cuando lo invoca China. Este doble rasero no solo carece de fundamento jurídico, sino que erosiona la credibilidad del orden internacional basado en normas que Occidente dice -o decía- defender. Un dato que el llamado Sur Global ha tomado cuenta.
La línea roja
La toma de posesión de Lai Ching-te hace dos años marcó un momento delicado. Su trayectoria política y sus declaraciones exponen una inclinación hacia posiciones que Pekín considera abiertamente secesionistas. A diferencia del KMT, el Partido Democrático Progresista (PDP) de Lai rechaza el Consenso de 1992 y ha adoptado una retórica que, bajo el pretexto de preservar el statu quo, avanza gradualmente hacia una independencia de facto.
China ha reiterado que una declaración formal de independencia constituiría una línea roja. El problema es que el deterioro progresivo de la confianza mutua podría aumentar el riesgo de errores de cálculo por parte de los secesionistas taiwaneses convirtiendo el Estrecho en uno de los escenarios más peligrosos del ya convulsionado sistema internacional actual.
Un conflicto en la región tendría consecuencias globales como la interrupción del comercio marítimo, una crisis tecnológica vinculada a la industria de semiconductores y una más que probable y profunda desestabilización económica internacional. Por esta razón, la cuestión de Taiwán difícilmente podrá resolverse mediante presión militar, retórica ideológica o escaladas diplomáticas permanentes.
La estabilidad regional exige reconocer simultáneamente varios hechos. El primero es que China considera la reunificación una cuestión central de su soberanía nacional. El segundo, que Estados Unidos utiliza la cuestión taiwanesa como elemento estratégico y de injerencia dentro de su competencia con China, como el propio Trump ha dejado ver en sus declaraciones en el vuelo de regreso a Washington tras su reciente visita oficial a China. Y, en tercer lugar, que ninguna de las dos potencias puede permitirse un conflicto abierto en el Estrecho.
La única salida sostenible: mantener abiertos los canales de diálogo y cooperación económica
Cualquier intento de modificar unilateralmente el equilibrio actual mediante la militarización de Taiwán por parte de Estados Unidos o una posible declaración formal de independencia podría desencadenar consecuencias imprevisibles, porque esta es una línea roja para China. La sociedad occidental, que conoce bien los costes de los conflictos bélicos y de las divisiones nacionales, debería reflexionar sobre las consecuencias de tener unos líderes que inflaman un contencioso que podría resolverse pacíficamente si las partes externas se abstuvieran de intervenir.
La modernización de China y la reunificación nacional no representan una amenaza para el orden internacional, sino una contribución decisiva a la paz y el desarrollo globales. Una China unificada, estable y próspera es el mejor factor de equilibrio en un mundo que debe regresar a las coordenadas multilaterales.
La reunificación de China es un asunto que concierne al pueblo chino a ambos lados del Estrecho. La responsabilidad de las potencias externas no es avivar las llamas, sino facilitar las condiciones para que este proceso histórico se complete de manera segura y pacífica. Ese es el camino hacia la estabilidad regional, la cooperación internacional y un orden mundial verdaderamente basado en normas compartidas.
