Durante las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las economías capitalistas desarrolladas vivieron un período excepcional de crecimiento económico, aumento de la productividad y mejora generalizada de las condiciones materiales de vida. La expansión del empleo industrial, el fortalecimiento de la negociación colectiva, la construcción de amplios sistemas públicos de educación, sanidad y protección social y una fiscalidad mucho más progresiva permitieron que una parte significativa del crecimiento se trasladara a los salarios y al bienestar de las clases trabajadoras.
Aquel equilibrio, sin embargo, no fue una consecuencia natural del capitalismo. Fue el resultado de unas circunstancias históricas muy concretas, donde se sumaron la reconstrucción europea tras la guerra, la elevada productividad de la industria manufacturera, la fortaleza del movimiento obrero y la propia existencia de un bloque socialista que obligaba a las élites occidentales a aceptar importantes concesiones sociales para preservar la estabilidad política. El denominado Estado del Bienestar fue, en buena medida, el producto de una correlación de fuerzas favorable al trabajo que difícilmente puede entenderse al margen de aquel contexto histórico.
Ese equilibrio comenzó a romperse a finales de la década de 1970.
La revolución neoliberal impulsada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher inauguró una nueva etapa caracterizada por la liberalización financiera, las privatizaciones, la desregulación de los mercados laborales, la reducción de la capacidad redistributiva del Estado y la creciente internacionalización del capital. Bajo el argumento de aumentar la eficiencia económica, el poder de negociación del trabajo fue debilitándose progresivamente mientras que el capital financiero adquiría un protagonismo sin precedentes.
Las consecuencias de esta transformación resultan hoy evidentes. En la mayoría de las economías occidentales, la participación de los salarios en la renta nacional ha disminuido, mientras la concentración de riqueza alcanza niveles que no se observaban desde principios del siglo XX. Los beneficios empresariales y las rentas del capital han crecido mucho más deprisa que los salarios, al tiempo que la especulación financiera ha adquirido un peso creciente frente a la inversión productiva.
La economía ha pasado a organizarse cada vez más alrededor de los intereses del capital financiero y de los grandes fondos internacionales de inversión. La rentabilidad a corto plazo se ha convertido en el criterio dominante para orientar decisiones empresariales que afectan a millones de trabajadores. Empresas perfectamente viables desde el punto de vista productivo son deslocalizadas para reducir costes laborales, sectores industriales enteros desaparecen porque ofrecen menores retornos financieros y la inversión se concentra crecientemente en actividades especulativas con escasa capacidad para generar empleo de calidad.
La desindustrialización de buena parte de Europa y de amplias regiones de Estados Unidos constituye una de las expresiones más visibles de este proceso. Millones de empleos industriales relativamente estables han sido sustituidos por ocupaciones más precarias, peor remuneradas y con menor capacidad de organización sindical. La pérdida de tejido productivo no sólo ha reducido los salarios y las oportunidades laborales, también ha debilitado la soberanía económica de numerosos países.
Al mismo tiempo, la vivienda ha dejado progresivamente de entenderse como un derecho social para convertirse en un activo financiero. Fondos de inversión, grandes entidades financieras y sociedades inmobiliarias controlan una parte creciente del mercado residencial en numerosas ciudades occidentales, impulsando una escalada de precios que expulsa a amplios sectores de la población del acceso a una vivienda digna. Una parte creciente del salario de las nuevas generaciones se destina simplemente a pagar alquileres o hipotecas, reduciendo su capacidad de ahorro y dificultando cualquier perspectiva de movilidad social.
El mismo proceso puede observarse en otros ámbitos esenciales de la vida cotidiana. La educación superior se encarece, la sanidad pública sufre procesos continuos de privatización o infrafinanciación, los sistemas públicos de pensiones son objeto de presiones permanentes para reducir su alcance y el empleo estable deja paso a formas crecientes de temporalidad, subcontratación y trabajo en plataformas digitales.
La paradoja resulta difícil de esconder. Nunca antes las fuerzas productivas habían alcanzado un nivel semejante de desarrollo. La revolución digital, la automatización, la inteligencia artificial, la biotecnología o la robótica multiplican la capacidad productiva de la humanidad. Sin embargo, esa riqueza potencial no se traduce automáticamente en una mejora equivalente de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Por el contrario, una parte creciente del incremento de productividad termina concentrándose en los beneficios empresariales, en las grandes fortunas y en la valorización de activos financieros.
Esta evolución no constituye una anomalía sino una manifestación de las contradicciones inherentes al capitalismo en su fase contemporánea. El extraordinario desarrollo de las fuerzas productivas entra en conflicto con unas relaciones de producción orientadas prioritariamente hacia la rentabilidad privada y la acumulación de capital. La economía posee capacidad material para garantizar niveles muy elevados de bienestar colectivo, pero la distribución de esa riqueza continúa subordinada a mecanismos que favorecen su concentración.
Esta situación explica el creciente malestar político que atraviesan numerosas democracias occidentales. El deterioro de las expectativas de ascenso social, la precarización del empleo, el aumento de la desigualdad y la percepción de que las decisiones económicas escapan al control democrático alimentan una profunda crisis de legitimidad.
En este contexto, el socialismo reaparece como una propuesta para recuperar el control democrático sobre los grandes procesos económicos. La cuestión no es únicamente redistribuir una riqueza previamente creada, se trata de decidir colectivamente cómo se organiza la producción, hacia dónde se dirige la inversión, qué sectores deben considerarse estratégicos y cómo garantizar que los extraordinarios avances tecnológicos beneficien al conjunto de la sociedad y no únicamente a quienes controlan el capital.
La experiencia del socialismo chino no ofrece respuestas automáticamente trasladables a las sociedades occidentales, cuyas condiciones históricas e institucionales son muy diferentes. Pero sí demuestra que la política puede seguir desempeñando con éxito un papel dirigente sobre la economía, que la planificación puede coexistir con la innovación y que el desarrollo tecnológico no tiene por qué quedar exclusivamente subordinado a los intereses del capital financiero.
Precisamente por ello, el principal objetivo del socialismo occidental ha de consistir en reconstruir una economía donde el progreso técnico vuelva a ponerse al servicio del trabajo, del bienestar colectivo y de la democracia económica, y no de la acumulación ilimitada de riqueza por una minoría.
