Dos importantes eventos internacionales sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor se han sucedido en China en el plazo de poco más de un mes. De un lado, a mediados de septiembre, el Director General de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, organismo adscrito a Naciones Unidas, Daren Tang, realizó una visita oficial que le llevó a la provincia de Jiangxi y a la capital del país, Beijing. Durante esta gira, Tang se reunión con autoridades provinciales y estatales, como el Viceprimer Ministro Ding Xuexiang en el marco de la “Tercera Conferencia de Alto Nivel de la Franja y la Ruta sobre Propiedad Intelectual”, declaró la entrada de la ciudad de Nanchang en la clasificación de los 100 mejores polos de ciencia y tecnología del Índice Mundial de Innovación e inauguró el Foro Internacional sobre el Derecho de Autor en la ciudad de Jingdezhen. En varias de sus alocuciones públicas, el Director General de la OMPI mostró su satisfacción y trasladó su enhorabuena a las autoridades y empresas por el impulso de medidas que en este ámbito refuerzan “el ecosistema de creación e innovación” y por la implicación al más alto nivel en la protección de los Derechos de Autor y la Propiedad Intelectual. De otra parte, del 19 al 22 de octubre, se celebró en la ciudad de Hanzhou el Conferencia Mundial de Propiedad Intelectual, celebrada por primera vez en China y coorganizada por el CCPIT y la Asociación Internacional para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual (IAPIPR) y que recibió el saludo y felicitación del Presidente Xi, quien destacó en su misiva que “China siempre ha concedido gran importancia a la protección de los derechos de propiedad intelectual, forjando un camino de desarrollo de la Propiedad Intelectual con peculiaridades chinas” , así como que “China está dispuesta a trabajar por la salvaguarda del sistema internacional de PI y promover el desarrollo de un sistema mundial de gobernanza de la PI y hacer con ello una contribución al bienestar de la humanidad”.
Tanto las palabras del Presidente Xi, como las visitas y los congresos internacionales de tan alto nivel, que suponen un reconocimiento claro de la labor de la República Popular en este ámbito, pueden chocar -frontalmente, incluso- con algunos prejuicios alimentados desde el llamado occidente sobre los productos chinos. No resulta extraño, efectivamente, escuchar esta especie de “leyenda negra” sobre el made in China repetida de forma acrítica y, sobre todo, interesada y alejada de los hechos. En primer lugar, esta noción ignora por completo el amplio corpus legal que en la República Popular China rige los Derechos de Propiedad Intelectual y de Autor. Por ejemplo, no se indica que desde el año 1984 (Regulada por la Ley de Patentes adoptada por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular y promulgada por la Orden del Presidente del 12 de marzo de 1984, con modificaciones posteriores en 2000 y 2008) opera la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual (SIPO por sus siglas en inglés) cuya principal función es la de actuar como oficina para el registro de patentes; tampoco resulta sencillo encontrar menciones a la Ley de Derecho de Autor, adoptada por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular y promulgada por la Orden del Presidente del 7 de septiembre de 1990, y que consta de 61 artículos que protegen no solo los Derechos de Autor, sino también otros derechos conexos con una última modificación que data del año 2010. Es preciso destacar, asimismo, la protección oficial de que goza en este ámbito lo que se podría denominar “Patrimonio Inmaterial” y que se sustancia, por ejemplo, en Reglamentos para la Protección y Promoción de la Medicina Tradicional o para la Protección de la Artes y Artesanias Tradicionales. Respecto a la observancia de esta normativa, el sistema chino plantea dos vías: la administrativa, con arreglo a la cual el titular de derechos de PI puede acudir a las instancias locales habilitadas al efecto por el SIAC (siglas en inglés de la Administración Estatal de Industria y Comercio), y la judicial, ya que todos los tribunales civiles de la República Popular cuentan con grupos de especialistas en materia de Propiedad Intelectual. No es mi intención en ningún caso sustituir el análisis que pueda hacer un especialista en la materia citando esta normativa, pero la seguridad jurídica en este punto parece un hecho comprobado tanto para nacionales como para extranjeros en la República Popular China.
Un apunte que podría resultar anecdótico a este respecto, pero que no lo es en absoluto porque da la medida en que China se ha implicado en la protección de la Propiedad Intelectual y los Derechos de Autor, es que la OMPI -con la que China coopera desde 1973, por cierto- declaró el 26 de abril como Día Internacional de la Propiedad Intelectual a instancias de una petición de la delegación china en tal organismo del 9 de agosto de 1999. Naturalmente, las labores de sensibilización no se quedan en este reconocimiento simbólico y las no muy abundantes fuentes en castellano que tratan el tema hablan de un trabajo sostenido de sensibilización y divulgación entre la población en general por parte de las autoridades competentes. Además, cabe señalar que la actividad docente e investigadora en materia de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor ha conocido recientemente un renovado impulso, pues varias facultades de Derecho ofrecen programas y titulaciones especializadas en la materia; algunos tan destacados como el “Máster sobre Propiedad Intelectual y Política de Innovación”, ofrecido conjuntamente por la OMPI y la Universidad de Tsinghua y que mereció la visita a su cuerpo docente y los elogios del ya citado Director General de la organización supranacional Daren Tang.
La práctica concreta en esta materia de las instituciones chinas, en fin, viene a demostrar lo equivocado de ciertas preconcepciones, como decía, de curso común. Pero, por añadidura, se ha de tener presente que una actitud descuidada o negligente en Derechos de Propiedad Intelectual y de Autor se encontraría en franca contradicción con los principios que han guiado el desarrollo de la República Popular desde que diera comienza la época de la “Reforma y la Apertura”, no solo aún vigentes, sino fortalecidos y renovados en las últimas décadas. Como resulta natural, la construcción de lo que en la terminología oficial partidaria se denomina “un poderoso país socialista moderno, avanzado en ciencia y tecnología”, el logro “de una sociedad próspera” , el desarrollo de nuevas y mejores fuerzas productivas y, en suma, la consecución de un amplio y robusto sistema de bienestar resutarían imposibles sin el adecuado “ecosistema” jurídico y normativo, que impulse y potencie el crecimiento y el desarrollo en todos los ámbitos. Algunos datos sirven para avalar estas afirmaciones: en el período que abarca la década que va de 2012 a 2021, coincidente con un gran crecimiento de la economía china y la consecución de algunos logros civilizatorios como la eliminación definitiva de la pobreza extrema, se produjo un crecimiento medio anual en el Registro de Patentes del 15,5 %; a finales de 2021, China contaba con 7,5 patentes de alto valor por cada 1000 habitantes, más que cualquier otro país del mundo; como último apunte cabe señalar la rentabilidad en ascenso claro y constante que, en este período, han mostrado las industrias que emplean de “Forma Intensiva los Derechos de Propiedad Intelectual”, representando a fecha de 2020 (últimos datos que he podido consultar) el 11,97 % del PIB.
No querría concluir estas líneas sin hacer mención de la intensificación de los esfuerzos que las agencias judiciales chinas han venido realizando desde el año 2022 en materia de protección de Derechos de Propiedad Intelectual. Estos esfuerzos merecen citarse aparte, primero, por su objetivo de redundar en la mayor autosuficiencia, fortaleza y soberanía científica y tecnológica y, segundo, por su decidida acción contra los monopolios y la competencia desleal en sectores tan punteros (y que, cuando están desregulados, tanto desasosiego causan en la sociedad moderna) como el de los macrodatos, la Inteligencia Artificial o las tecnologías genéticas. He Rong, Vicepresidenta del Tribunal Popular Supremo, afirmó que las reglas que se introducirán tenían el objetivo de “regular y guiar el desarrollo sano del capital”.