La Cámara de Comercio China en España (CCINCE) ha tachado de “medidas injustificadas” la propuesta de revisión de la Ley de Ciberseguridad propuesta por la Comisión Europea, en la que propone establecer listas de terceros países “que suponen preocupación en materia de ciberseguridad” y de “proveedores de alto riesgo”, introduciendo factores subjetivos y arbitrarios de “riesgo no técnico”.
Las tecnologías de la información y la comunicación son uno de los pilares fundamentales de la cooperación entre China y la UE, por lo que esta normativa, como recogen en un comunicado, supondrá un impacto negativo sobre la cooperación económica y comercial a largo plazo entre ambas partes. La Comisión Europea justificó esta modificación en la necesidad de reducir los riesgos en la cadena de suministro de las TIC de la UE derivados de proveedores de terceros países que plantean problemas de ciberseguridad.
CCINCE, aunque comprende y apoya los objetivos políticos de la UE para fortalecer su capacidad de ciberseguridad, considera que esta normativa “no solo viola los principios de no discriminación y los tratados bilaterales de comercio, sino que tendrá un impacto negativo en la transformación digital y el desarrollo verde en Europa.
En concreto, según datos de la Cámara, las pérdidas económicas totales para España derivadas de la propuesta de la UE ascenderían a 25.700 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 6,99% del total de pérdidas de la UE. Estas pérdidas pasarían de 2800 millones de euros en 2026 a 6200 millones en 2030, mostrando una tendencia general de crecimiento fluctuante. Según sus estimaciones, el sector energético sería el más afectado entre los Estados miembros, representando el 35% de las pérdidas totales, seguido por el sector de telecomunicaciones con un 25%.
La propuesta CSA2, al utilizar como fundamento el concepto de “riesgo no técnico”, también acelerará la tendencia hacia cadenas de suministro localizadas y cerradas, ralentizará el despliegue de redes y la modernización tecnológica, y acabará perjudicando la competitividad global de la UE, su proceso de digitalización y sus objetivos de transición verde.
“Las restricciones basadas en la nacionalidad u origen de los proveedores podrían debilitar el comercio multilateral, afectar a las cadenas globales de suministro y generar disputas comerciales”, continúa el comunicado, en el que recuerdan que las empresas chinas establecidas en España siempre han mantenido “un firme compromiso con el cumplimiento normativo y la localización de sus operaciones, contribuyendo al desarrollo económico y social de España. Por ello, han pedido que las instituciones europeas mantengan el principio de neutralidad tecnológica, formulen políticas de ciberseguridad basadas en pruebas objetivas y criterios verificables.
